Torturas, persecución de minorías, arrestos por motivos políticos, violaciones a mujeres, trabajos forzados y un largo etcétera. No es ninguna novedad que Birmania viola con asiduidad el Derecho Internacional, especialmente en lo que a derechos humanos se refiere. Las elecciones que se celebrarán este año en el país asiático, y para las que ya ha dado una fecha, el próximo 7 de noviembre, se están convirtiendo en un nuevo motivo de enfrentamiento entre la comunidad internacional y el régimen militar. La Junta ha prohibido de momento la entrada a cualquier observador internacional y ha denegado recientemente un visado al Relator de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana. Lo que la Junta había anunciado como una “apertura guiada hacia la democracia” se está convirtiendo en una prueba de fuerza que cerrará aún más el régimen.

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