La ilegalidad internacional de Birmania

18. agosto 2010 | Por | Categoria: Birmania, Conflictos en Asia, Destacados


Karen villagers return to their homes after an SPDC attack m La ilegalidad internacional de BirmaniaTorturas, persecución de minorías, arrestos por motivos políticos, violaciones a mujeres, trabajos forzados y un largo etcétera. No es ninguna novedad que Birmania viola con asiduidad el Derecho Internacional, especialmente en lo que a derechos humanos se refiere. Las elecciones que se celebrarán este año en el país asiático, y para las que ya ha dado una fecha, el próximo 7 de noviembre, se están convirtiendo en un nuevo motivo de enfrentamiento entre la comunidad internacional y el régimen militar. La Junta ha prohibido de momento la entrada a cualquier observador internacional y ha denegado recientemente un visado al Relator de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana. Lo que la Junta había anunciado como una “apertura guiada hacia la democracia” se está convirtiendo en una prueba de fuerza que cerrará aún más el régimen.

La Junta Birmana lleva años poniendo en práctica un cuidadoso plan para lavar su imagen frente a la comunidad internacional. El primer paso se dio en 2008 con la aprobación de la Constitución, un texto equívoco que hablaba en términos “pseudo-democráticos” al mismo tiempo que aseguraba un 25 por ciento de los escaños a los militares. Prohibía además que cualquier persona casada con un extranjero o con lazos con el extranjero pueda presentarse a las elecciones. La líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, viuda de un ciudadano británico, quedaba fuera de juego. Con la elaboración de la legislación electoral se dio el segundo paso. En la nueva ley, aprobada este año, se impedía a las formaciones políticas que contaran con presos entre sus filas presentarse a las elecciones. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, que ganó las elecciones anteriores, tenía que decidir entre echar a varios de sus militantes, entre ellos su líder, para poder presentarse a los comicios o ausentarse de la cita electoral. La LND se inclinó finalmente por no entrar en el juego de la Junta y ni siquiera se inscribió en el registro obligatorio impuesto por el gobierno, lo que supuso su disolución.

Una comisión de investigación por crímenes contra la humanidad
Todas estas violaciones han provocado la reacción de diversos sectores, especialmente ONG, que han exigido la constitución de una comisión internacional que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por Birmania. La petición toma ahora fuerza. En noviembre de 2009, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, denunció públicamente las violaciones contra el derecho internacional cometidas por la Junta y puso las bases para una condena forma por crímenes contra la humanidad. En marzo, el Relator presentó un informe en el que pedía expresamente la creación de esa comisión. Algunos gobiernos, como el del Reino Unido o más recientemente el de Estados Unidos, según el Washington Post, han mostrado su apoyo a la formación de la comisión.

La comisión no tiene, sin embargo, la capacidad de emitir sentencias vinculantes y sólo puede crear una recomendación que sea utilizada como elemento de presión diplomática. Los embargos, iniciados hace más de diez años y auspiciados por EEUU, la ONU y la Unión Europea, tampoco han funcionado. Todo parece indicar que una vez más las medidas internacionales no destruirán la coraza birmana.

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